La situación procesal de un ciudadano argentino se complicó de forma severa en el vecino país. La Justicia de Brasil procesó formalmente a Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto santiagueño de 63 años, quien se encuentra acusado por la presunta comisión de los delitos de injuria racial y racismo. La medida se dictó tras un repudiable episodio ocurrido a bordo de un tren turístico en el estado de Minas Gerais.
La resolución judicial fue adoptada luego de que un magistrado aceptara de forma oficial la denuncia presentada por el Ministerio Público. Dicho organismo sostiene que el profesional santiagueño fotografió sin ningún tipo de autorización a un niño brasileño de tan solo siete años, para posteriormente compartir las imágenes en diversos grupos de la plataforma de mensajería WhatsApp junto a mensajes de un explícito contenido discriminatorio. Debido a esto, Murias permanece alojado en calidad de detenido desde el pasado 25 de mayo en una unidad penitenciaria de la localidad de São João del-Rei, ciudad donde se originó la investigación penal.
Fotos en el tren, stickers de monos y repudio
De acuerdo con las constancias de la acusación formal, el hecho delictivo aconteció a bordo del tradicional tren turístico denominado "Maria Fumaça", el cual se encarga de conectar los puntos de São João del-Rei y Tiradentes. Según se desprende de las pesquisas, el imputado tomó múltiples capturas fotográficas del menor de edad que viajaba en el convoy junto a su madre y luego las envió a diferentes contactos de la Argentina.
En la causa penal se incorporaron elementos considerados centrales para sostener la imputación:
Mensajes de texto con expresiones que relacionaban directamente al niño con la esclavitud.
La utilización de frases sumamente ofensivas y lesivas para la dignidad del menor.
El envío de las fotos acompañadas de manera despectiva por stickers de monos.
El deplorable episodio salió a la luz pública gracias al accionar de una pasajera que viajaba ubicada justamente detrás del acusado. La testigo declaró ante las autoridades haber observado cómo Murias manipulaba su teléfono y redactaba las frases agraviantes. Tras advertir la gravedad del caso, la mujer alertó de inmediato a la madre del niño, quien pudo constatar en primera persona el contenido de los teléfonos. A partir de la denuncia, la Policía Civil de Minas Gerais intervino de urgencia y detuvo al arquitecto argentino en flagrancia.
El laberinto judicial y la postura de la defensa
Con la aceptación de la denuncia, la causa ingresó de forma formal en la etapa penal. El fiscal interviniente, Felipe Guimarães Amantéa, rechazó de plano cualquier posibilidad de aplicar mecanismos alternativos que evitaran el juicio oral, ya que la jurisprudencia brasileña considera al racismo como una conducta de extrema gravedad. Según las leyes del país vecino, de ser hallado culpable, Murias podría recibir una pena superior a los cuatro años de prisión, lo que obligaría a un cumplimiento efectivo bajo la modalidad de régimen cerrado.
Por su parte, el equipo de abogados defensores del santiagueño adelantó que cuestionará con firmeza la calificación legal aplicada. La estrategia de la defensa se basa en argumentar que los polémicos mensajes se emitieron dentro del ámbito de conversaciones de carácter privado y que jamás existió una exposición pública directa hacia la víctima. Asimismo, consideran que juzgarlo por dos delitos derivados de un único hecho configura una doble persecución penal.
El expediente avanzará ahora hacia la etapa de instrucción general. En el corto plazo, se espera el dictado de un calendario para las correspondientes audiencias, donde se prevé que presten declaración testimonial la madre del niño afectado, familiares directos, la pasajera denunciante, los peritos técnicos informáticos a cargo de analizar el teléfono secuestrado y el propio Murias, de manera previa a que el Tribunal quede en condiciones de dictar una sentencia definitiva.
