Una denuncia por presunto maltrato intrafamiliar contra siete hermanos, de entre 7 y 17 años, mantiene abiertas actuaciones en diferentes ámbitos de la Justicia y organismos de protección. La abogada querellante Stefany Budan y la trabajadora social María Florencia Pérez pasaron por ADN de Radio, en LV11, y brindaron detalles desde la perspectiva de la parte denunciante. Según explicaron, dos adolescentes lograron salir del domicilio, mientras que los otros cinco continuarían conviviendo con la abuela materna denunciada.
El caso se remonta, según relató Budan, al fallecimiento de la madre de los siete hermanos a causa de una enfermedad en 2021.
A partir de ese momento, la abuela materna habría asumido el cuidado de los niños debido a que el padre no se encontraba entonces en condiciones de hacerse cargo de ellos, siempre de acuerdo con lo expuesto por la querellante.
Es en ese contexto donde, según la denuncia, habrían comenzado diferentes episodios de violencia física y psicológica contra los menores.
Las entrevistadas describieron situaciones de extrema gravedad que forman parte de las manifestaciones recogidas por su equipo y de la denuncia. Esos hechos deberán ser investigados y corroborados judicialmente.
Dos adolescentes salieron de la vivienda
De acuerdo con el relato de Budan, uno de los episodios que terminó llevando el caso ante las autoridades ocurrió el 22 de agosto, cuando la hermana mayor, actualmente de 17 años, salió de la vivienda junto con uno de sus hermanos, de 16.
Ambos se dirigieron a una dependencia policial.
La abogada sostuvo que inicialmente, debido a que eran menores de edad, no se les habría tomado una denuncia formal. Siempre según su versión, posteriormente se produjo un episodio de violencia en presencia del personal policial.
Los adolescentes fueron trasladados a Sanidad Policial, donde, de acuerdo con Budan, quedaron constatadas lesiones.
Tras una comunicación con Fiscalía, se habría dispuesto una prohibición de acercamiento de la abuela respecto de esos dos adolescentes.
La preocupación planteada por las profesionales pasa ahora por los otros cinco hermanos.
“Los otros cinco menores siguen conviviendo con esta señora”, sostuvo la abogada durante la entrevista.
Una denuncia realizada por el abuelo paterno
Budan aclaró también cuál es exactamente su participación dentro del expediente.
“Yo me constituyo como abogada querellante del abuelo paterno que realizó la denuncia en representación de sus siete nietos”, explicó.
Según precisó, la denuncia fue formalizada el 25 de agosto y su constitución como querellante fue admitida el 1 de septiembre.
A partir de allí comenzó a presentar diferentes pedidos y medidas junto con Pérez.
La profesional señaló que actualmente existiría intervención de Fiscalía, el Juzgado de Familia y DINAF, además del trabajo realizado por la representación querellante.
Esperan una Cámara Gesell
Uno de los próximos pasos mencionados durante la entrevista es la realización de una Cámara Gesell, prevista, según Budan, para la próxima semana.
La diligencia será relevante para que los profesionales correspondientes puedan obtener el relato de los menores involucrados bajo un procedimiento diseñado para evitar exposiciones e interrogatorios reiterados.
Budan sostuvo que la querella aguarda esa medida dentro del expediente penal, pero remarcó que paralelamente pretende que se adopten medidas de resguardo respecto de los cinco hermanos que continuarían en la vivienda mientras avanza la investigación.
La abogada explicó que también presentó ante el Juzgado de Familia una solicitud urgente vinculada con la guarda de los niños, proponiendo que puedan quedar al cuidado de unas tías.
Según relató, la jueza interviniente solicitó previamente documentación e información sobre las personas propuestas para asumir esa responsabilidad.
La definición sobre el cuidado de los menores, por lo tanto, todavía se encuentra en trámite, de acuerdo con lo manifestado por la querellante.
“Necesitamos intervenciones reparadoras”
María Florencia Pérez puso el foco en una dimensión que excede el expediente judicial.
La trabajadora social explicó que, ante una situación de presunta violencia prolongada, la eventual separación del entorno denunciado constituye apenas una parte del abordaje.
“Necesitamos la presencia de las instituciones para el cuidado y para la reparación”, expresó.
Y agregó: “Esto no es un acontecimiento disruptivo que ha pasado hoy, sino que tiene una larga trayectoria y que marca la biografía de estos niños”.
Según explicó, un abordaje integral debería contemplar no solamente las decisiones judiciales, sino también el acompañamiento psicológico, emocional y social de los hermanos a largo plazo.
Pérez señaló además que, durante entrevistas realizadas en el marco del trabajo del equipo, algunos vecinos manifestaron que veían poco a los niños y que, en determinadas ocasiones, les habrían pedido alimentos. Estas declaraciones forman parte de la información recabada por las profesionales y deberán ser valoradas por los organismos intervinientes.
La escolarización, otro punto de preocupación
Otro de los aspectos planteados durante ADN de Radio fue la situación educativa.
Budan aseguró que los hermanos estarían desescolarizados desde 2023, circunstancia que también integra el cuadro que la querella pretende que sea analizado por las autoridades.
El caso se encuentra actualmente en desarrollo y las acusaciones contra la abuela no constituyen hechos probados ni una condena judicial.
Mientras avanzan las actuaciones, Budan y Pérez insistieron en que la prioridad debe estar puesta en determinar qué medidas resultan necesarias para garantizar el resguardo y bienestar de los siete hermanos, y particularmente de los cinco que, según afirmaron, todavía permanecerían en el domicilio de la mujer denunciada.
