La República de Bolivia atraviesa horas de extrema tensión institucional y social. El Poder Legislativo, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo convocaron formalmente a un nuevo intento de diálogo entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y los sectores sindicales y campesinos. La medida busca desactivar una durísima ola de bloqueos de carreteras que ya cumple 25 días consecutivos y que mantiene al país sumido en un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales.
La convocatoria fue emitida de forma conjunta por la oficina del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, fijando el encuentro para este domingo por la tarde en las instalaciones del Seminario San Jerónimo, en la ciudad de La Paz. El comunicado oficial apela a la cordura de las partes: “Bolivia atraviesa momentos que exigen responsabilidad, desprendimiento y compromiso con la paz. La ausencia de diálogo solo profundiza las diferencias”. Sin embargo, la realización del cónclave es una incógnita, ya que la Central Obrera Boliviana (COB) suspendió sus reuniones argumentando "razones de seguridad" y los sectores alineados con Evo Morales rechazan cualquier negociación que no incluya la dimisión del jefe de Estado.
Emergencia sanitaria y más de 90 piquetes en todo el país
El impacto de las protestas, que se iniciaron el pasado 6 de mayo, se siente con crudeza en La Paz y la vecina ciudad de El Alto. Las góndolas vacías y las interminables filas en las estaciones de servicio se complementan con una preocupante crisis sanitaria. El Ministerio de Salud calificó de "paliativo" el reparto de 486 cilindros de oxígeno medicinal a diez hospitales de la región y rogó a los manifestantes permitir el paso de los camiones de asistencia. Según el último reporte de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los cortes de rutas ya superan los 90 puntos en todo el territorio nacional, extendiéndose a las regiones de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz.
En el plano judicial, la tensión escaló luego de que el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, fuera acusado de supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir tras los disturbios y saqueos a oficinas públicas en la capital. Aunque un juzgado anuló las órdenes de captura contra los líderes sindicales el viernes, las bases campesinas mantienen una postura intransigente y delegaron la decisión de asistir al diálogo en asambleas locales.
Visiones encontradas sobre un modelo en desgaste
Para el economista Gonzalo Chávez, profesor de la Universidad Católica Boliviana, la crisis refleja un problema estructural profundo. “Aquí está ocurriendo un desgaste de un modelo económico-político que duró 20 años, con una narrativa nacionalista e indigenista basada en el gas y la minería”, explicó a los medios, advirtiendo que las mesas de concertación impulsadas por el Gobierno a través del Consejo Económico y Social representan una "jugada política de corto aliento" que difícilmente contenga a los grupos más radicalizados, que se niegan a licuar su peso político en debates multisectoriales.
Por su parte, el abogado especializado en Geopolítica, Gabriel Villalba, director del CENAC, criticó con dureza la gestión de Rodrigo Paz —quien asumió el mando en noviembre pasado— y tildó sus medidas de "desesperadas e improvisadas". El analista manifestó su honda preocupación por la reciente derogación de la ley que regulaba los Estados de Excepción. “Paz ahora tiene a libre discrecionalidad la instauración de Estados de Excepción y toda la población se queda sin el marco normativo que limite esta clase de contingencias sociales”, advirtió Villalba, recordando que la justicia civil rechazó un amparo presentado por el propio vicepresidente Lara para frenar dicha derogación, dejando el escenario político en una preocupante incertidumbre legal.
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