l exintendente de La Banda, condenado por abuso sexual, dos veces protagonista de intentos de regreso electoral y nuevamente lanzado hacia la intendencia bandeña, inició una demanda de divorcio vincular contra Leslye Anahí Campos, actual concejal y figura política surgida del mismo espacio que durante años tuvo a Ruiz como referencia central.
Hasta allí, podría decirse: una cuestión privada. Un divorcio más. Un trámite de familia que no debería ser convertido en espectáculo.
Pero hay un dato que cambia el eje de la discusión: en la propuesta presentada ante la Justicia, Ruiz ofrece una cuota alimentaria de $100.000 mensuales para su hijo.
La pregunta es inevitable: ¿qué hace hoy un chico con $100.000 por mes? ¿Come? ¿Se viste? ¿Va al colegio? ¿Tiene salud? ¿Se traslada? ¿Compra útiles? ¿Hace deporte? ¿Puede vivir con dignidad?
La cifra no resiste comparación con la realidad argentina. Según la canasta de crianza del INDEC, criar a un niño de entre 6 y 12 años demandaba en abril de 2026 más de $650.000 mensuales, entre bienes, servicios y tareas de cuidado. Es decir: la propuesta de Ruiz representa apenas una fracción mínima de lo que el propio Estado nacional estima como costo real de crianza.
Y ahí el expediente deja de ser solamente familiar para convertirse en un hecho de interés público.
Porque Ruiz no es un ciudadano anónimo. Fue intendente de La Banda durante años, conservó influencia política, impulsó candidaturas, mantuvo estructura, armó espacios electorales, colocó dirigentes en listas y ahora pretende volver a competir por el municipio. Hacer política cuesta. Una campaña cuesta. Mover militancia cuesta. Sostener presencia territorial cuesta. Instalar candidaturas cuesta.
Entonces la pregunta pública no es sobre su intimidad. La pregunta pública es otra: ¿con qué recursos se sostiene políticamente alguien que desde 2014 no exhibe actividad laboral conocida proporcional a ese despliegue? ¿Cómo se financia una carrera política permanente? ¿Cómo se pagan campañas, actos, traslados, publicidad, estructura y presencia territorial?
Y, sobre todo, ¿cómo puede alguien que aspira a gobernar una ciudad ofrecer para su propio hijo una suma que no cubre ni remotamente el costo básico de crianza?
Ruiz busca volver al poder con un discurso de víctima política, de persecución y de reivindicación personal. Pero la política no se mide solo en discursos. También se mide en coherencia. En responsabilidad. En prioridades. En lo que un dirigente hace cuando no está arriba de un escenario ni frente a una cámara.
No se trata de una pelea matrimonial. Se trata de responsabilidad pública.
Porque quien quiere gobernar La Banda debería poder responder algo muy simple: si $100.000 no alcanzan para criar dignamente a un niño, ¿por qué esa es la cifra que considera razonable ofrecer?
La política empieza mucho antes de una boleta. A veces empieza en una demanda judicial. Y a veces una cifra, apenas una cifra, alcanza para mostrar mucho más que un discurso entero.
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