El debate legislativo en torno a los marcos regulatorios de consumo alimentario generó una fuerte reacción institucional a nivel federal. La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) compartió un enérgico comunicado de prensa donde plasma su "preocupación" colectiva ante el proyecto de ley que impulsa la derogación de la Ley Nº 27.642, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
Desde la entidad, que reúne y coordina las acciones de las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y delegaciones especializadas de todo el país, remarcaron que el alcance de la normativa vigente es amplio y transversal, por lo que su anulación tendría consecuencias sumamente nocivas para la salud pública. "La ley no se limita al etiquetado frontal de advertencia", detallaron las autoridades, saliendo al cruce de los argumentos que minimizan el impacto de la reglamentación.
El riesgo de un vacío normativo multidimensional
El nucleamiento de ombudsman nacionales puso especial énfasis en que la norma constituye una herramienta integral de derechos humanos y sanitarios. Según explicaron en el escrito, el articulado vigente regula de manera estricta la publicidad de alimentos y bebidas analcohólicas dirigida a niños, niñas y adolescentes, impidiendo que se utilicen personajes infantiles o promociones engañosas que fomenten el consumo de productos con excesos de azúcares, grasas o sodio.
Asimismo, los defensores señalaron que la legislación actual es la encargada de promover entornos escolares saludables en los establecimientos educativos del país, además de establecer criterios nutricionales científicos y obligatorios para las contrataciones y compras de alimentos que realiza el propio Estado. "Su derogación total generaría un vacío normativo simultáneo en todas esas dimensiones de protección", sentenciaron de forma unánime en el comunicado.
Defensa del derecho a la salud e información
Para ADPRA, dar marcha atrás con estos avances normativos significaría un claro retroceso en los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de protección de los derechos de las infancias y el acceso a la información clara por parte de los consumidores. Los representantes institucionales advirtieron que los sellos negros u octógonos de advertencia han demostrado ser eficientes para modificar hábitos de consumo hacia opciones más saludables.
Frente a la posibilidad de que el proyecto avance en las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, las Defensorías de todo el territorio nacional adelantaron que mantendrán un esquema de monitoreo permanente. Instaron a los legisladores nacionales a priorizar el bienestar sanitario general y el resguardo de las generaciones futuras por encima de los intereses comerciales o corporativos de las grandes cámaras de la industria alimenticia.
PUBLICIDAD
