El nombramiento de magistrados en la justicia federal sumó un capítulo de alta tensión institucional y judicial. La presentación judicial interpuesta por el fiscal Marijuán apunta a esclarecer las motivaciones que llevaron a la Casa Rosada a retirar de forma intempestiva el pliego de Michelli, el cual ya contaba con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. La sospecha principal que dio origen a la denuncia radica en que la exclusión no respondió a criterios de idoneidad técnica o profesional, sino a un "veto político" estrictamente ligado a su lazo de parentesco familiar con el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, cuyas recientes publicaciones generaron fuertes roces con el oficialismo nacional.
La drástica marcha atrás del Ejecutivo con una postulación que ya reunía los consensos legislativos necesarios no solo desató cuestionamientos en los tribunales de Comodoro Py, sino que provocó un fuerte sismo político puertas adentro del propio oficialismo. En las últimas horas, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, exteriorizó de manera pública su disidencia con la orden de la Casa Rosada y anticipó que no acompañará el pedido de retiro en el recinto. La legisladora argumentó que hará uso de su "derecho a la objeción de conciencia" para resguardar sus principios republicanos, lo que reabrió una marcada interna con el núcleo duro de la conducción gubernamental.
"La presentación judicial busca determinar si se violaron las garantías constitucionales de igualdad y no discriminación al frenar una designación judicial por motivos ajenos a la función."
Tensión en el Senado ante una votación clave por los cargos vacantes
El conflicto normativo deberá ser resuelto de cara a la sesión ordinaria programada en el Senado, donde el pleno de la Cámara Alta necesitará convalidar o rechazar la solicitud de retiro enviada por el Poder Ejecutivo mediante una votación por mayoría simple. Diversas organizaciones de la sociedad civil y entidades del derecho, como el Colegio Público de la Abogacía, expresaron su profunda preocupación por lo que consideran una "práctica abusiva" en el manejo de las vacantes judiciales, advirtiendo que este tipo de maniobras discrecionales profundiza la parálisis estructural que atraviesan los tribunales federales de todo el país.
Fuentes parlamentarias señalaron que la posición rebelde adoptada por Bullrich forzó intensas negociaciones contra reloj en los despachos oficiales para evitar una derrota legislativa que exponga la fragilidad de los bloques mayoritarios. Mientras la justicia federal da los primeros pasos para examinar la denuncia de Marijuán, las fuerzas de la oposición dialogan activamente para capitalizar el quiebre interno del oficialismo, transformando el pliego de Michelli en un caso testigo sobre los límites del poder presidencial en la conformación del mapa judicial.
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