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El Gobierno acelera un decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros por discursos de odio

La Casa Rosada avanza en la reglamentación del DNU que incorporó la causal para denegar el ingreso o cancelar residencias.

El Gobierno acelera un decreto para instrumentar la expulsión de extranjeros por discursos de odio
El Poder Ejecutivo definirá los mecanismos operativos para aplicar las medidas migratorias.

El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra elaborando un decreto reglamentario para operativizar el procedimiento administrativo que permitirá la expulsión o denegación de ingreso a personas extranjeras que emitan discursos de odio, inciten a la violencia contra ciudadanos argentinos o cometan ultrajes a los símbolos patrios. La norma busca implementar de forma efectiva las causales incorporadas previamente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, el cual modificó la Ley de Migraciones.

La delimitación del procedimiento y los organismos de aplicación

El borrador reglamentario técnico tiene como objetivo definir los circuitos administrativos y de validación de pruebas entre la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad Nacional. El proyecto establece mecanismos de acreditación mediante alertas migratorias e integra al Centro de Análisis de Información Migratoria y Fronteriza (CAIMF) para la producción de análisis de riesgo, excluyendo expresamente del alcance de las sanciones a las manifestaciones de disenso ideológico, académico, político o ciudadano amparadas por las garantías constitucionales.

El marco normativo y la articulación con las fuerzas federales

La iniciativa complementa la secuencia de reformas al régimen migratorio iniciada con el DNU 366/2025, norma que restringió las condiciones de permanencia para extranjeros en situación irregular y estableció aranceles para la atención médica no urgente en centros de salud de jurisdicción nacional. Asimismo, el esquema de control cuenta con el auxilio operativo de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para la realización de inspecciones territoriales y la tramitación de expedientes de cancelación de residencia.

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