El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó en su segunda conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el ex Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, continúa recibiendo el servicio de custodia personal financiado por el Estado. La medida operativa se mantiene vigente pese a que el exfuncionario ya no se desempeña en la estructura de la administración pública nacional y a que no media ninguna resolución u orden emanada desde el Poder Judicial que disponga dicha cobertura de seguridad.
Ante las consultas de los medios de comunicación respecto a la continuidad de este beneficio, Ravier argumentó de forma aséptica que el protocolo de protección se sostiene estrictamente “por motivos de seguridad”. La decisión administrativa generó observaciones en el ámbito político debido a las premisas de austeridad y reducción del gasto público que promueve la gestión de gobierno, situando al exvocero en una condición de excepción institucional.
Avance de la causa judicial e inconsistencias patrimoniales
El ex Jefe de Gabinete se encuentra bajo investigación penal en una causa que tramita ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En el marco de este proceso, los tribunales le impusieron días atrás la obligación formal de notificar cualquier intención de egreso del país. Al respecto, Ravier descartó que el Poder Ejecutivo esté desarrollando una fiscalización propia: “No hay un mecanismo aparte nuestro... está claramente en la Justicia”, enfatizó de manera taxativa.
La situación procesal de Adorni se complejizó tras los últimos peritajes contables sobre su evolución patrimonial desde su desembarco en la función pública en el año 2023. Los informes técnicos recibidos por la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita revelaron severas contradicciones con los datos asentados en la presentación fiscal del imputado, donde se aducía una supuesta inversión de 200.000 dólares en activos digitales y ganancias devengadas por otros 300.000 dólares en el mismo mercado.
Oficios a plataformas digitales y requerimiento formal
Los reportes financieros consolidados hasta el momento solo registran movimientos de capitales de baja escala que no guardan correspondencia con los montos declarados para justificar el incremento de sus bienes. Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal libró nuevos oficios de carácter urgente a las firmas de intercambio de criptoactivos Binance y Lemon, con el propósito de obtener las identidades de los ordenantes de las transferencias y los montos exactos de las operaciones.
La fiscalía interviniente consignó de manera formal la existencia de “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial” del ex Jefe de Gabinete. De acuerdo con los plazos procesales vigentes y de no mediar probanzas en contrario que justifiquen el origen de los fondos bajo sospecha, las autoridades judiciales prevén avanzar hacia un requerimiento formal de justificación de bienes, lo que delimitará la situación procesal del exdirigente libertario.
