El escenario normativo en materia laboral experimentó un cambio de paradigma de gran impacto para el sector empresarial del país. El Boletín Oficial formalizó la puesta en marcha del régimen general de regularización del empleo, un mecanismo diseñado de forma específica para promover la registración de aquellos vínculos laborales que se encuentran total o parcialmente informales. El principal atractivo del programa radica en un agresivo esquema de condonación que exime a las firmas empleadoras del pago de deudas por aportes y contribuciones patronales omitidas, además del levantamiento de multas administrativas de la seguridad social.
La reglamentación establece de manera taxativa que los incentivos fiscales y los porcentajes de perdón estatal estarán segmentados con criterios de equidad corporativa. Las micro, pequeñas y medianas empresas —las cuales dinamizan una porción mayoritaria de las actividades productivas de nuestra región— serán beneficiadas con las tasas de condonación más elevadas, que alcanzan una quita del 90% sobre el pasivo acumulado. Por su parte, para los grandes establecimientos y las corporaciones multinacionales, el perdón tributario se fijará en una escala que llega al 70%, exigiendo a cambio mayores requisitos formales para la convalidación del trámite.
"El nuevo esquema de regularización laboral busca desarticular la litigiosidad y la informalidad en el mercado interno, permitiendo a las empresas blanquear su personal sin comprometer su viabilidad económica."
Extinción de acciones penales y beneficios para el empleado
Un aspecto de profunda relevancia jurídica que introduce el decreto reglamentario es la declaración de extinción de la acción penal para aquellos empleadores que decidan acogerse de forma voluntaria al régimen de regularización, bloqueando la posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inicie querellas por evasión previsional o defraudación fiscal. Asimismo, el mecanismo prevé que la formalización de las relaciones de trabajo implique la baja inmediata de las firmas sancionadas de las bases de datos de empleadores con sanciones laborales.
En lo concerniente al eslabón de los trabajadores dependientes, la normativa dispone un reconocimiento parcial de los años de servicio no registrados con anterioridad. El Estado nacional convalidará a favor de los empleados regularizados hasta un tope máximo de 60 meses de aportes previsionales calculados sobre la base del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente. Esta medida garantizará que los operarios incorporen dichos períodos a sus respectivos historiales de jubilación, sin que esto altere los derechos adquiridos o la antigüedad real acumulada dentro del establecimiento comercial o industrial correspondiente.
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