El conflicto presupuestario que mantiene en vilo al sistema de educación superior del país sumó un capítulo de extrema tensión política en las últimas horas. En un territorio neutral para evitar la exposición mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con los rectores para destrabar el financiamiento que el mes pasado motorizó una multitudinaria Marcha Federal Universitaria.
Según confirmaron fuentes de ambas terminales a TN, la propuesta económica presentada por el funcionario de la administración de Javier Milei fue calificada como "razonable" por la comunidad académica. El ofrecimiento consistía en una recomposición salarial del 24,3% para el sector docente (a pagarse un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre) con el fin de subsanar el desfasaje inflacionario acumulado entre parte de 2024, todo 2025 y lo transcurrido de 2026. El pacto incluía también paritarias trimestrales y una comisión técnica de revisión.
Fondos para hospitales y el punto de quiebre institucional
Además de la oferta salarial, el menú de la Subsecretaría contemplaba un fuerte incremento de partidas accesorias:
Un 50% de aumento en los montos de las Becas Manuel Belgrano.
Un 20% de incremento para los gastos de funcionamiento diarios de los edificios.
Un fondo extraordinario de $50.000 millones destinado de forma directa a los hospitales universitarios, cuya parálisis presupuestaria mantenía en alerta roja la continuidad de la atención médica.
Pese al consenso en los números, la mesa de diálogo se rompió de forma inmediata cuando el Gobierno nacional condicionó la firma del decreto a que el Consejo Interuniversitario Nacional —conducido por Franco Bartolacci— desestime y retire de los tribunales la demanda que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha normativa obliga al Estado a actualizar los haberes por IPC, una masa de recursos que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según la mirada de la cartera económica oficial, atenta directamente contra la premisa innegociable del superávit fiscal.
La inflexible postura de los rectores de las casas de estudio
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, sostuvieron de forma tajante los representantes de las altas casas de estudios. Para los rectores, el expediente judicial que descansa en la Corte Suprema de Justicia funciona como un reaseguro legal que protege la estructura del sistema y advirtieron que no existe consenso interno entre los claustros de profesores y estudiantes para dar un paso atrás en ese terreno.
Desde los despachos de la Casa Rosada replicaron con dureza el posicionamiento del CIN, cuestionando que la dirigencia universitaria prefiera "llevar a todos a un conflicto sin solución" con tal de no ceder terreno político frente a sus bases. Mientras las universidades remarcan que el propio ofrecimiento oficial demuestra que el Estado nacional cuenta con los fondos disponibles para saldar el conflicto, ambas partes se hamacan en una pulseada donde, para destrabar el segundo semestre del ciclo lectivo, alguno de los dos sectores tendrá que dar el brazo a torcer.
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