El escenario social y sanitario en el interior del país ingresó en una fase de extrema preocupación. La titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Santiago del Estero e integrante del Consejo Federal de Discapacidad, Prof. Daniela Águila, advirtió sobre las severas consecuencias de la eliminación del financiamiento nacional para los pasajes gratuitos de larga distancia. La medida, que entró en vigencia tras la derogación de una resolución del Ministerio de Transporte, afecta de forma directa a personas con discapacidad, niños y adolescentes bajo tratamiento oncológico, y pacientes trasplantados o en lista de espera.
Si bien la gratuidad de los pasajes teóricamente se mantiene por ley, la administración central eliminó el fondo compensatorio que percibían las empresas privadas de transporte, exigiéndoles que asuman el costo operativo de los traslados sin asistencia estatal. Ante esta situación, la funcionaria provincial anticipó a LV11 que se están coordinando acciones institucionales para elevar un reclamo formal de carácter técnico y jurídico contra una disposición que pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.
Impacto directo en el interior provincial y pacientes oncológicos
La problemática adquiere dimensiones críticas en el plano local, donde un alto porcentaje de los beneficiarios reside en los departamentos del interior santiagueño y necesita viajar de manera recurrente hacia la ciudad Capital o a centros de alta complejidad en otras provincias para acceder a quimioterapias, controles específicos y terapias de rehabilitación. "El equilibrio fiscal no puede ser un argumento válido cuando se toman determinaciones que atentan contra la vida de personas que dependen de la presencia del Estado", sentenció Águila.
La funcionaria graficó el panorama con un ejemplo alarmante sobre la vulnerabilidad del sector pasivo y de salud: “Imaginemos un niño con cáncer que necesita ser trasladado para su quimioterapia o control; al no contar con esta ayuda para viajar, se interrumpe su tratamiento con consecuencias muy serias”. A este complejo esquema se suma que las obras sociales no cubren habitualmente los traslados en transporte de larga distancia, un bache de cobertura que antes era subsanado por la normativa desfinanciada.
Denuncian el incumplimiento de la Ley de Emergencia
Desde la Secretaría de Derechos Humanos calificaron el rumbo de las políticas nacionales como un retroceso en materia de tratados internacionales y derechos civiles fundamentales. “Percibimos que estamos ante un Gobierno al que no le importan las personas y sólo le interesan los números”, remarcó la profesora Águila durante la entrevista radial, manifestando el malestar de las organizaciones que integran el Consejo Federal.
Finalmente, la funcionaria vinculó este recorte con el conflicto en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley N° 27.793). Esta norma, que declara la emergencia nacional en el área hasta el 31 de diciembre de 2027, fue ratificada por el Congreso de la Nación tras un veto presidencial y reglamentada en febrero de 2026. Las provincias continúan exigiendo la plena vigencia y operatividad de la ley ante los reiterados fallos judiciales y reclamos parlamentarios que instan al Ejecutivo nacional a regularizar las prestaciones médicas y de transporte en todo el territorio argentino.
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