La sospechosa permanece en condición de prófuga y es buscada intensamente por las fuerzas de seguridad luego de que los últimos allanamientos en sus domicilios frecuentes arrojaran resultados negativos. El caso penal avanzó a paso firme tras la denuncia formal radicada por los propietarios de una firma comercial damnificada, quienes descubrieron el millonario desfalco tras años de delegar su confianza en la acusada.
De acuerdo con las pruebas recolectadas por los investigadores, Villaroya estuvo durante largo tiempo al frente de la administración contable, impositiva y fiscal de la empresa afectada. Para cumplir con estas tareas, los dueños le habían otorgado amplias facultades de representación mediante un poder legal y el manejo exclusivo de la clave fiscal ante los organismos de recaudación.
Las alarmas se encendieron de manera abrupta cuando la supuesta profesional dejó de responder las llamadas telefónicas de sus clientes y comenzó a evadir los pedidos de informes sobre el estado de las cuentas. Ante las sospechas, los damnificados revocaron de inmediato los poderes conferidos mediante carta documento, destapando una compleja trama delictiva.
Los principales focos y maniobras que analiza la Justicia en la causa penal contemplan:
Falta de matrícula: Un informe oficial emitido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas constató de forma fehaciente que Nora Isabel Villaroya no se encuentra inscripta ni matriculada para ejercer la profesión.
Intimaciones bancarias: Tras el cese de sus funciones, la empresa comenzó a recibir notificaciones de deuda e intimaciones por parte de diversas entidades financieras.
Despatrimonió sin aval: Se investiga la presunta venta ilegal de un valioso inmueble ubicado en la provincia de Córdoba y la transferencia irregular de una cosechadora de alta gama, operaciones que se habrían realizado sin el consentimiento ni la firma de los verdaderos dueños.
Investigaciones abiertas y posibilidad de nuevos damnificados
La fiscalía interviniente no descarta que con el correr de los días y la difusión pública del caso comiencen a presentarse nuevas denuncias en los tribunales por parte de otros productores rurales de la región que también utilizaban los servicios de asesoramiento de la acusada.
Mientras el cuerpo de peritos contables avanza con el peritaje de los movimientos bancarios y los registros fiscales de la firma, las autoridades policiales mantienen activos los controles camineros y los pedidos de captura en los límites interprovinciales para lograr la inmediata detención de Villaroya, con el objetivo de ponerla a disposición de los magistrados y avanzar hacia la declaración indagatoria correspondientes.
