El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, delineó su nueva estrategia legislativa para el Congreso de la Nación, estructurada bajo el firme objetivo de consolidar el equilibrio fiscal. El paquete de medidas impulsado por la Casa Rosada combina tres pilares fundamentales: la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la implementación de un mecanismo de “shutdown” (cierre o restricción extrema de partidas de financiamiento) del Poder Ejecutivo y el envío del adelanto del Presupuesto 2027.
Las dos primeras iniciativas apuntan a restringir de manera severa el financiamiento del Tesoro nacional e inhibir la asignación de nuevos recursos a aquellos organismos públicos que hayan utilizado la totalidad de sus fondos disponibles. En paralelo, el Palacio de Hacienda dio a conocer un anticipo del proyecto de ley de Presupuesto para el próximo año electoral, cuya fecha límite de presentación formal está fijada para el 15 de septiembre. Si bien el documento oficial no incluyó metas cuantitativas precisas, ratificó las prioridades del programa libertario: estabilización macroeconómica, reducción de la inflación, recuperación del salario real, fomento de la inversión productiva y generación de empleo.
El escenario en el Senado y el malestar de los bloques aliados
Esta ofensiva parlamentaria coincide con la convocatoria a una sesión en el Senado prevista para la próxima semana, de manera previa al inicio del receso invernal. En la Cámara alta, el oficialismo confía en dar media sanción al proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada", mientras se define el avance de otras reformas de alto impacto impositivo y económico como la modificación del régimen de Zonas Frías, el denominado "Súper RIGI" (ambos con aprobación previa en Diputados) y la reforma de la ley de sociedades comerciales.
Sin embargo, el primer bosquejo presupuestario ya despertó fuertes críticas en los sectores dialoguistas del Congreso, particularmente en Innovación Federal, un bloque clave referenciado en los gobernadores de Salta y Misiones. Fuentes parlamentarias confirmaron que la percepción inicial no fue positiva en este espacio aliado, el cual resulta estratégico para las pretensiones políticas de la Casa Rosada, que también aspira a sancionar una reforma electoral que elimine las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
“La consolidación fiscal recae fuertemente sobre las transferencias a provincias, la inversión en obra pública y las partidas de salud, educación y ciencia, comprometiendo la operatividad del Estado”, advirtieron desde la bancada provincialista.
Cuestionamientos de economistas y legisladores de la oposición
Desde el arco del peronismo, las críticas apuntaron a la desconexión entre los objetivos del oficialismo y los indicadores económicos de la coyuntura actual. El diputado y economista Itaí Hagman calificó el adelanto presupuestario como "otra de las fantasías del Gobierno", señalando que el proyecto augura un crecimiento sostenido por la inversión privada cuando en la realidad "los últimos datos muestran una reducción de la inversión de dos dígitos, la inversión pública está en mínimos históricos y el año pasado fuimos el último de la región en Inversión Extranjera". Hagman agregó además que el mercado de trabajo formal continúa a la baja pese al optimismo de la Casa Rosada.
En sintonía, el senador puntano Fernando Salino recordó los severos desfasajes de las estimaciones oficiales previas, señalando que en el Presupuesto se proyectó una inflación significativamente menor a la informada luego por organismos como el FMI. "La estabilidad macroeconómica no se logró, sino que está sostenida en no pagarle a las provincias, universidades y discapacitados", sentenció el legislador, quien concluyó manifestando sus dudas sobre cómo planea el Ejecutivo aumentar la recaudación fiscal en un contexto donde "las variables que son objetos de impuestos se caen todas".
