La investigación judicial por presunta defraudación y estafa a gran escala que tiene como principal imputada a la contadora Nora Isabel Villarroya ingresó en una etapa de definiciones procesales sustanciales. Mientras las divisiones operativas de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero ejecutan procedimientos coordinados para localizar a la profesional —sobre quien pesa una orden de captura internacional tras el rechazo formal de su pedido de eximición de prisión—, el expediente sumó el testimonio técnico de tres nuevas denuncias penales radicadas ante el Departamento de Delitos Económicos.
Las presentaciones judiciales fueron formuladas por productores del sector agropecuario de la región, cuyas declaraciones ampliaron de forma significativa la nómina de damnificados y elevaron el perjuicio económico global provisorio a una cifra que supera los 5.000 millones de pesos. La irrupción de estas nuevas pruebas documentales altera la planificación técnica de la defensa de la sospechosa, la cual intentaba circunscribir las maniobras delictivas a un diferendo contractual privado ajeno a la jurisdicción penal.
Hasta la incorporación de estos legajos, la hipótesis de la imputada procuraba caracterizar el faltante de capital como un litigio comercial derivado de una supuesta falta de rendición de cuentas e inconsistencias contables internas en el seno de la firma DEJDE SRL, radicada en la localidad de Clodomira, departamento Banda. Bajo esa línea argumental, la intervención de la contadora se justificaba administrativamente en el uso de facultades legales y mandatos vigentes para la cancelación de obligaciones comerciales específicas, pretendiendo dirimir el conflicto en el fuero civil y comercial.
Modus operandi serial y estrategia de la fiscalía
El testimonio de los tres agricultores incorporados recientemente al expediente judicial desarticula la hipótesis de la controversia societaria aislada. De acuerdo con las presentaciones tramitadas, las víctimas describieron un mecanismo sistemático de captación: la contadora lograba la rúbrica de poderes generales y específicos de administración que, posteriormente y de forma inconsulta, habrían sido utilizados para gestionar y liquidar millonarios créditos y préstamos bancarios a nombre de los productores, cuyos dividendos no ingresaban a las cuentas productivas.
La fiscal de la causa, Dra. Celia Mussi, comenzó el proceso de reconfiguración formal de la plataforma fáctica de la imputación para encuadrar las maniobras bajo la figura jurídica de estafas reiteradas en concurso real de delitos. Fuentes ligadas al proceso judicial señalaron que la reiteración del método delictivo debilita la teoría del mandato legal legítimo, consolidando la teoría de un presunto fraude financiero a gran escala diseñado específicamente para afectar los activos de operadores del sector agroexportador local.
