Una práctica ilegal que afecta de manera directa al bolsillo de los ciudadanos santiagueños sumó un fuerte revés institucional. La Defensoría del Pueblo de la ciudad Capital emitió una resolución formal para frenar el cobro del denominado "plus médico" en sanatorios y clínicas privadas, elevando una denuncia ante el ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ex AFIP) por presunta evasión fiscal generalizada en el sector.
El cobro de este sobreprecio en metálico, exigido de manera aleatoria por encima de las órdenes de las obras sociales, se transformó en una barrera de acceso a la salud. Los valores exigidos en los mostradores de los centros privados resultan absolutamente discrecionales, oscilando desde los 30 mil pesos hasta los 300 mil pesos según la especialidad, sin ningún tipo de regulación ni de registro contable.
"Es una falta total de respeto al juramento hipocrático"
En diálogo con Radio LV11, el defensor del pueblo capitalino, Luis Ger, brindó alarmantes detalles sobre las actuaciones de la entidad frente a las reiteradas e incesantes denuncias de los vecinos. El funcionario fue tajante al respecto de esta problemática:
"No es correcto que se cobre este plus en Santiago del Estero. Lamentablemente, esta mala costumbre la hemos naturalizado internamente, pero no ocurre de esta manera en todo el país. Tomamos como algo normal lo que es, en realidad, todo lo contrario", sentenció Ger, vinculando el impacto de la maniobra con el adverso contexto socioeconómico que golpea los ingresos de los sectores más vulnerables.
La resolución de la Defensoría apunta al corazón financiero de la maniobra: la total informalidad económica. "Si el médico decide cobrar un extra, que lo haga bajo los marcos de la ley y emita la factura correspondiente. Lamentablemente, hoy si el paciente no abona en efectivo ese estipendio en negro, el galeno directamente no lo atiende. Consideramos que es una falta total de respeto al juramento hipocrático que realizaron al recibirse", fustigó el ombudsman.
Evasión y migración masiva a los hospitales públicos
Para el defensor del pueblo, la conducta de los profesionales médicos reviste una doble gravedad ética y fiscal. Al exigir transacciones comerciales por fuera del circuito legal, "están evadiendo impuestos y, consecuentemente, desfinanciando al propio sistema de educación pública estatal que les otorgó su titulación gratuita en las universidades nacionales". En la misma línea, cuestionó con dureza los montos "excesivos y descomunales" que se demandan de manera irregular en otras ramas de la medicina privada, como los servicios de anestesistas y los centros de diagnóstico por imágenes.
Finalmente, Ger alertó sobre la consecuencia directa que este fenómeno traslada a la infraestructura sanitaria de la provincia: ante la absoluta imposibilidad de costear los aranceles paralelos de los sanatorios, una abrumadora cantidad de personas se ve obligada a volcarse a la salud pública, abarrotando los hospitales del Estado que hoy absorben una demanda sobredimensionada a causa del circuito informal privado.
