En ese sentido, puntualizaron que el vecindario aún debe lidiar con:
Infraestructura urbana: Una marcada persistencia en el deterioro generalizado de las calzadas y arterias viales.
Servicios básicos: Una deficiente cobertura del alumbrado público y la proliferación de basurales a cielo abierto en distintos cuadrantes.
Conectividad: Graves falencias en las frecuencias y el estado de las unidades del sistema de transporte público de pasajeros.
Presencia estatal: Una escasa y desarticulada intervención de las dependencias municipales en los sectores más postergados de La Banda.
Salarios y dudas sobre el pase a planta permanente
El pronunciamiento de los legisladores bandeños reservó un apartado especial para evaluar la política laboral instrumentada por la intendencia. Los ediles recordaron que, durante un extenso período, la planta de empleados ha sostenido las funciones operativas de la comuna sin percibir una recomposición salarial que compense la licuación de sus ingresos frente a la pérdida sistemática del poder adquisitivo.
Bajo esa línea de análisis, se detuvieron a examinar el reciente anuncio oficial referido al pase a planta permanente de 200 agentes estatales. Si bien Libres del Sur convalidó la necesidad de reconocer la estabilidad laboral de aquellos operarios que por mérito y antigüedad lo ameritan, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de selección.
“Existen empleados que, por su antigüedad y funciones, merecen acceder a la estabilidad laboral, aunque el proceso debe realizarse con absoluta transparencia”, advirtieron los concejales, manifestando su profunda preocupación de que dicha medida sea capitalizada de forma discrecional con fines netamente políticos para beneficiar a sectores afines al oficialismo en el tramo de cierre del mandato comunal.
Frente a este escenario, exigieron que las incorporaciones se definan bajo pautas nítidas y verificables, auditando rigurosamente la antigüedad real, la prestación efectiva de tareas, la idoneidad técnica en la función desempeñada y las necesidades estructurales de la administración pública. En el epílogo de su declaración, Augusto y Monjes Rosales ratificaron su rol fiscalizador dentro del deliberativo local, exigiendo una gestión "abierta, presente y con prioridades claras" orientada a resolver las urgencias de la comunidad.
