La Cámara de Diputados de la Nación se transformó este miércoles por la noche en el epicentro de una crucial definición legislativa para el rumbo económico del país. En una votación que expuso la marcada paridad de fuerzas institucionales pero que terminó inclinándose a favor de la estrategia de la Casa Rosada, el oficialismo obtuvo la media sanción para el proyecto denominado "Súper RIGI", la ambiciosa herramienta jurídica con la que la administración de Javier Milei busca atraer grandes capitales globales. El expediente cosechó 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones, quedando formalmente habilitado para iniciar su tratamiento revisor en el Senado de la Nación.
La defensa oficialista: el argumento de "Salir de Cavernicolandia"
El debate en el recinto estuvo atravesado por discursos con un profundo contenido ideológico sobre el modelo de desarrollo, el costo de las exenciones fiscales y las funciones regulatorias del Estado, partiendo la sesión en tres posturas nítidas. Desde las bancadas de La Libertad Avanza (LLA), la defensa del texto se estructuró bajo la premisa de otorgar estabilidad jurídica extrema para poder competir de igual a igual en el mercado internacional de capitales.
En este sentido, el diputado Bertie Benegas Lynch defendió los incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios contemplados en la ley, argumentando que sirven para "proteger el derecho de propiedad" y dejar atrás un pasado de "cavernícolas" que ahuyentó las inversiones productivas. En sintonía, Silvana Giudici y Gabriel Bornoroni recalcaron que el nuevo régimen permitirá insertar al país en sectores de vanguardia como la biotecnología y la inteligencia artificial, desestimando que exista un costo fiscal real para las arcas públicas debido a que los beneficios impositivos impactarán sobre "actividades que hoy no existen en la Argentina".
El rechazo del peronismo: denuncias de "cesión de soberanía"
En la vereda opuesta, el bloque de Unión por la Patria (UP) articuló un rechazo unánime y compacto a la propuesta oficial. Los legisladores de la principal fuerza de oposición denunciaron que la iniciativa constituye una concesión desmedida hacia corporaciones transnacionales que no garantiza de ningún modo el progreso de la cadena de valor interna.
Los diputados Mario Manrique y Jorge Taiana calificaron al proyecto como un "negociado entre particulares" y un "cheque en blanco" que profundiza un esquema económico puramente extractivista y asfixia a la industria local. Por su parte, Victoria Tolosa Paz recogió el guante de las declaraciones libertarias y cruzó con dureza los argumentos oficiales: "No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo", disparó la legisladora, asegurando que las grandes corporaciones del sector tecnológico hubieran invertido de todas formas en el país sin necesidad de otorgar semejantes niveles de exenciones arancelarias.
Los matices del centro: votos clave con advertencias técnicas
Para destrabar el tratamiento y alcanzar los 130 votos positivos, resultaron indispensables los aportes de las bancadas de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Provincias Unidas, bloques que acompañaron la votación general pero plantearon severas objeciones técnicas sobre el articulado. Desde el radicalismo, Lisandro Nieri respaldó la medida remarcando el éxito que viene cosechando el RIGI original —que ya cuenta con unos 30.000 millones de dólares aprobados— y celebró que el dictamen final incorporara la obligación de cumplir con un 20% de "Compre Nacional" para proveedores locales, una modificación clave introducida a propuesta del bloque del MID.
Sin embargo, las disidencias dentro del propio espacio de centro no tardaron en aflorar. Referentes como Martín Lousteau y Pablo Juliano manifestaron profundas dudas respecto a la falta de límites regulatorios claros en el diseño normativo. Los legisladores alertaron sobre el riesgo latente de que las empresas deban meramente "autopercibirse" como novedosas para calificar en el esquema de beneficios, y advirtieron con preocupación que este trato preferencial para las multinacionales genera una asimetría perjudicial frente al postergado sector de las pequeñas y medianas empresas (englobadas en el RIMI), sumado a un costo fiscal directo que terminarán absorbiendo las provincias.
