Una investigación judicial por una presunta estafa de 170 millones de pesos derivó este jueves 15 de octubre en múltiples allanamientos y la detención de dos hombres vinculados al ámbito comercial y bancario de Santiago del Estero.
Los procedimientos estuvieron a cargo de personal de Ciberseguridad, que intervino en distintos domicilios de la Capital santiagueña para avanzar con una causa relacionada con la emisión de cheques sin fondos.
Como resultado de las medidas, fueron detenidos José Agustín Khairallah, reconocido empresario gastronómico local, y Cristian Barrón Palazzi, empleado de una sucursal del Banco Francés.
Allanamientos simultáneos en tres barrios de Capital
Los operativos se desarrollaron durante las primeras horas del jueves en inmuebles ubicados en los barrios Los Flores, Mariano Moreno y Juramento.
Las medidas judiciales fueron ordenadas por los jueces Erika Casagrande y Héctor Salomón, en el marco de una investigación por presunta defraudación.
Durante los procedimientos, los efectivos llevaron adelante las actuaciones destinadas a reunir elementos de interés para la causa.
La Justicia busca determinar cómo se habrían realizado las operaciones investigadas, quiénes participaron y cuál fue el alcance del perjuicio económico.
Quiénes son los dos hombres detenidos
Uno de los detenidos es José Agustín Khairallah, conocido en el ámbito comercial santiagueño por ser propietario de una cadena de lomiterías.
El otro es Cristian Barrón Palazzi, quien se desempeña como empleado de la sucursal del Banco Francés.
Ambos quedaron involucrados en la investigación judicial que intenta esclarecer las presuntas maniobras financieras.
Por el momento, no se precisó públicamente qué participación concreta se atribuye a cada uno en las operaciones bajo investigación.
Una presunta defraudación de $170 millones
Según la información difundida sobre la causa, las maniobras investigadas habrían consistido en la emisión de cheques sin fondos, que ocasionaron un perjuicio económico estimado en 170 millones de pesos.
Los damnificados serían distintos proveedores que habrían recibido esos instrumentos de pago en el marco de operaciones comerciales.
El monto informado corresponde a una estimación del presunto desfalco y deberá ser determinado en el avance de las actuaciones judiciales.
La investigación continúa en marcha
Tras los allanamientos y las detenciones, los investigadores continúan analizando la documentación y los elementos de prueba secuestrados durante los procedimientos.
El objetivo es reconstruir las operaciones cuestionadas, establecer las eventuales responsabilidades y determinar si el perjuicio económico investigado alcanza a otros damnificados.
La causa permanece en desarrollo y podrían conocerse nuevas medidas conforme avance el análisis de las pruebas.
Cabe señalar que las detenciones se produjeron en el marco de una investigación por presunta defraudación y no implican una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los involucrados deberá ser determinada por la Justicia.
