Por Ariel Sequeira:
Para la mayoría del amplio espectro de voces políticas que representan a casi todos los sectores -incluido el oficialismo- el jefe de gabinete de ministros tendrían los días contados en la función pública. Mientras una parte de la sociedad lo denosta y repudia, otra mira hacia el costado como si nada sucediera y una minoría se arriesga y lo defiende. Como pocas veces en nuestra sociedad hoy se habla de sobresueldos, que por ser habitual daría la impresión que están justificados. Legisladores apuntaron con munición gruesa y denunciaron que Adorni, señalándolo como el cajero de Karina. Hace poco más de un lustro toda la sociedad se indignaba ante posibles sospechas de corrupción, con razón o sin ella… Hoy se muestra más contemplativa y hasta quizás complaciente, entonces… Habría que cambiar algunos paradigmas: Todo funcionario sospechado de corrupto, debería demostrar su inocencia, antes que nada, sí invirtiendo la carga de la prueba. Mientras que la sociedad que ayer clamaba por honradez en la función pública, hoy deja la impresión de que en realidad sólo se indignaba por razones ideológicas y no éticas.
¿Cuál es la situación jurídica de Adorni? Como se sabe son varias las causas que se le imputan, pero la más escandalosa es la de enriquecimiento ilícito, por la que se investiga el crecimiento patrimonial injustificado del funcionario. Allí están incluidas sus casas nuevas, la de fin de semana, el departamento, los viajes costosos. Indudablemente todo esto, al fin revelaría un nivel de vida, que obviamente no serían compatibles con sus ingresos. Ni siquiera con los ingresos de su esposa podría solventar el nivel de vida que exhibe en la actualidad.
"Cosas veredes, Sancho, que non crederes", es una famosa frase apócrifa atribuida erróneamente a Don Quijote para señalar situaciones sorprendentes o increíbles. A estos parámetros se ajusta una reciente declaración de Andrés Malamud, politólogo, doctorado en el Instituto Universitario Europeo, quien dijo: “Hace 40 años hay sobresueldos, el problema es que estos se la pasaron escupiendo para arriba”. Sin dudas pone en tela de juicio la actitud del oficialismo que gobierna, pero relativiza un delito y eso es absolutamente inadmisible. El eminente pensador pone lamentablemente en valor aquella ominosa frase: “Roban, pero hacen” o al menos deja esa impresión.
Hoy más que nunca desde el periodismo es necesario hacer docencia. Con este marco deberá quedar en claro que, no es legal pagar sobresueldos en el Estado. Estos pagos, remuneraciones o bonificaciones no declaradas, ocultas o por fuera del presupuesto, constituye una práctica ilícita. Su tipificación penal es: delito de malversación de fondos públicos, cohecho o defraudación contra la administración pública. Consecuentemente si un politólogo como Malamud, consciente que como hace cuatro décadas se vienen abonando estas bonificaciones, nadie debería indignarse, cuestionar o denunciar, algo que para su entender estaría de alguna manera naturalizado.
De ninguna manera se debe ni se puede naturalizar el delito, bajo ningún concepto. ¿Y sobre quién recaen estas imputaciones? El protagonista de este escándalo lamentablemente es el Jefe de Gabinete de Ministros. En Argentina es el responsable constitucional (Artículo 100 de la Constitución de la Nación) de la administración general del país, coordinando las políticas públicas, actuando como nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Ejerce funciones clave de gestión, coordinación del gabinete de ministros y rinde cuentas mensualmente ante el Parlamento. Después del presidente -sin ser funcionario electo- la máxima autoridad ejecutiva y además vocero, es decir que es quien habla por el presidente. Y es precisamente quien hoy es investigado por la justicia, “por vivir a cuerpo de rey con la tuya”, es decir por enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.
¿Quién lo respalda, pese a las denuncias? Indudablemente el presidente de la Nación y teniendo en cuenta nuestra forma de gobierno, no necesitaría de ningún otro defensor. Sin embargo, subyace una pregunta, ¿El presidente defiende a su funcionario o se defiende así mismo? Valen también otras preguntas: ¿Es sólo Adorni la piedra del escándalo? ¿Qué se sabe hoy del caso Libra? ¿Cómo marcha la causa Andis? ¿Se sigue cobrando el 3 por ciento? ¿Se estarían pagando sobreprecios en Pami? ¿El contrabando de maletas por la aduana? ¿Y la presunta asignación de contratos en el PAMI a punteros políticos? ¿Y los vínculos narco, porque no hay que olvidarse de José Luis Espert? Son sólo preguntas, que en algún momento alguien las deberá responder, antes la justicia sería lo indicado o bien ante la sociedad.
