El juicio oral y público por el trágico hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó de manera formal en una etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente condenas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina, al considerar con fundamentos técnicos que la tragedia que terminó con la vida de los 44 tripulantes del navío militar pudo haberse evitado de manera efectiva si se hubieran respetado los protocolos de seguridad.
Negligencia en la cadena de mandos y los pedidos de condena
Durante la ronda de alegatos realizados ante los magistrados del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los fiscales del caso sostuvieron con firmeza que los imputados conocían detalladamente las graves deficiencias técnicas y operativas que presentaba el submarino. Sin embargo, a pesar de las alertas tempranas, autorizaron su continuidad en el servicio activo en el Atlántico Sur. Uno de los pilares de la acusación radicó en que el desenlace fatal ocurrido el pasado 15 de noviembre de 2017 era completamente "previsible" debido a las precarias condiciones estructurales en las que navegaba la embarcación de guerra.
Por este motivo, la Fiscalía solicitó las siguientes penas de cumplimiento efectivo:
Cinco años de prisión: Para el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide.
Cuatro años de prisión: Para el alto oficial Héctor Aníbal Alonso.
Tres años de prisión: Para Hugo Miguel Correa. Cabe destacar que ambos procesados llegaron a esta instancia del debate judicial gozando de libertad ambulatoria.
Inspecciones postergadas y prioridades comerciales
De acuerdo con el crudo relato de la parte acusadora, el ARA San Juan acumulaba un extenso historial de incidentes y antecedentes técnicos que requerían de forma urgente mayores controles y medidas restrictivas de seguridad, una situación que era de pleno conocimiento por parte de los máximos responsables de la cadena de mando naval.
Los fiscales cuestionaron con dureza la postergación sistemática de las inspecciones exhaustivas de seguridad que debían realizarse de forma obligatoria en los astilleros antes de la tragedia. En ese sentido, sostuvieron que la conducción de la fuerza priorizó el cumplimiento de las misiones y operaciones tácticas por encima de las revisiones de mantenimiento estructural que eran indispensables para garantizar el correcto funcionamiento del submarino y salvaguardar la vida de sus operarios.
El camino hacia el veredicto definitivo
Durante la extensa audiencia ciudadana, el Ministerio Público remarcó que existían advertencias previas por escrito sobre diversos problemas mecánicos y consideró que los acusados incumplieron de forma manifiesta los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos. Al no adoptar medidas preventivas ni reparadoras, expusieron a la tripulación nacional a una situación de riesgo extremo sin vías de escape.
Tras la finalización de los alegatos fiscales, el cronograma judicial estipula que será el turno de las diversas querellas integradas por los abogados representantes de los familiares de las víctimas y, posteriormente, expondrán los alegatos técnicos las defensas de los cuatro acusados. El histórico proceso busca determinar las responsabilidades penales de una de las mayores tragedias de la historia reciente del país: el ARA San Juan desapareció mientras navegaba desde la base de Ushuaia hacia Mar del Plata y sus restos aplastados fueron hallados un año después, a casi 900 metros de profundidad, en las gélidas aguas del Atlántico Sur.
