La problemática habitacional de las familias damnificadas por las inundaciones en el barrio Salta Prolongación llegó formalmente al recinto legislativo de la ciudad de La Banda. Desde la bancada de Libres del Sur se formalizó la presentación de un proyecto de solicitud de informe con el objetivo prioritario de esclarecer el estado real y el avance de los trámites orientados a la adjudicación de terrenos para los vecinos damnificados por las contingencias climáticas.
Falta de certezas y desamparo burocrático
La propuesta legislativa cuenta con el fuerte impulso de la concejal Alejandra Monjes Rosales, quien fundamentó el pedido de tratamiento inmediato basándose en el estado de vulnerabilidad y la urgencia que atraviesan los hogares afectados. La legisladora bandeña describió el escenario de desinformación que rodea a los compromisos asumidos en su momento por el Ejecutivo comunal.
En declaraciones vertidas a los medios, Monjes Rosales puntualizó que la génesis de esta presentación radica en un encuentro reciente mantenido con un grupo de diez familias damnificadas del sector afectado. Durante esa asamblea, los damnificados transmitieron su profunda inquietud al constatar que, pese a haber cumplimentado con la entrega de toda la documentación socioambiental exigida por las dependencias municipales, se encuentran en un vacío absoluto de información fáctica respecto de las coordenadas geográficas de las parcelas y de los plazos cronológicos estipulados para la posesión efectiva.
"Los vecinos presentaron los papeles correspondientes que les pidieron desde la Municipalidad para la adjudicación de los terrenos, pero todavía no saben dónde van a estar ubicados ni cuáles serán los tiempos de entrega. Por eso pedimos este informe, para esclarecer la situación y llevar respuestas al barrio Salta Prolongación, porque las familias siguen esperando", sentenció con contundencia la referente de Libres del Sur.
Pedido de transparencia en el circuito administrativo
La concejal argumentó que las declaraciones verbales o las menciones informales realizadas previamente por distintos cuadros técnicos del municipio resultan insuficientes ante la gravedad de la situación. Por este motivo, remarcó que se vuelve imprescindible contar con una contestación institucional y formalizada por escrito que desglose pormenorizadamente el plan de contingencia estatal y el estatus real de los expedientes.
El requerimiento de control legislativo también centra su foco en transparentar la situación dominial y catastral de los inmuebles que se prevén entregar, así como también el encuadre legal que regulará el proceso de transferencia comunitaria. La edila advirtió sobre serias desprolijidades en la recepción de las carpetas de los vecinos: "Cuando las familias presentaron los papeles no recibieron un número de expediente ni una constancia para poder hacer un seguimiento del trámite. Están esperando saber si el proceso realmente está en marcha", alertó Monjes Rosales, concluyendo que la meta primordial es que las autoridades locales ratifiquen de forma oficial la palabra empeñada ante los damnificados de La Banda.
